El civilista Fort
Ninamancco comenta el contenido de los planes de gobierno de los partidos
Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio sobre el sector Justicia. Separa las
ideas más concretas de ambos proyectos de gestión y critica que en ninguno se
plantee otorgar autonomía presupuestaria al Poder Judicial.
Las
propuestas electorales para la administración de justicia recibieron muy poca
atención por parte de la prensa durante la primera vuelta presidencial. Habría
que decir que los propios candidatos no mostraron ninguna preocupación por
difundir debidamente sus principales propuestas para mejorar la administración
de justicia. Esta situación, lamentablemente, no parece haber cambiado en lo
que va de la campaña de la segunda vuelta.
Quizá los candidatos, o
sus asesores, piensen que la administración de justicia es un tema de segundo
orden o secundario. Craso error. Me atrevería a sostener que, en el proceso de
desarrollo del país, la administración de justicia tiene una importancia que
solo es superada por la educación. En las líneas que siguen, trataré de esbozar
un análisis de las principales propuestas concretas para el sector justicia que
constan en los planes de gobierno de las organizaciones políticas que se
enfrentarán este 5 de junio. No me voy a referir a las propuestas abstractas o
gaseosas, mismas que inundan los planes de gobierno de todas las organizaciones
políticas, sin excepción.
El plan de “Fuerza
Popular” (FP) dedica tres páginas específicamente a la “administración de
justicia”. En dos de ellas hace un diagnóstico de la situación de la magistratura
en el Perú, concluyendo que la misma es “precaria”. En mi opinión, se pueden
resaltar las siguientes propuestas concretas: i) “priorizar” la asignación de
presupuesto a la magistratura especializada en constitucional (dado su papel en
la tutela de los derechos humanos) y de familia (“protección al menor, a la
madre desamparada, etc.”); ii) creación de una “comisión que determine aquellos
casos en los que el Estado litiga de manera innecesaria” en materia de
pensiones, a fin de que los pensionistas no vean afectados sus derechos e
intereses; y iii) limitar, “a propuesta de la Corte Suprema”, la posibilidad de
impugnar ante la máxima instancia judicial. Se busca, pues, generar una
descarga procesal a nivel de la Corte Suprema.
El plan de “Peruanos Por
el Kambio” (PPK) dedica seis páginas directamente a la “Justicia para todos”.
También hace un breve diagnóstico de la situación de la “justicia peruana”,
concluyendo que la misma es “deficiente”. Las propuestas puntuales que merecen
destacarse son: i) suscripción de un “Acuerdo Nacional por la Justicia” (ANJ),
de tal manera que las organizaciones políticas se comprometan a asegurar una
“política de Estado en material judicial”; ii) buscar “redefinir las funciones”
de la Corte Suprema, con el objeto de procurar su descarga procesal y se centre
en su “labor orientadora de la jurisprudencia, a través de precedentes
vinculantes” que generen predictibilidad; iii) ampliar las competencias de los
jueces de paz en asuntos civiles y de familia, y iv) creación de la
especialidad de jueces contralores dentro de la carrera judicial.
Los planes de FP y PPK
coinciden en la necesidad de hacer coordinaciones con la Corte Suprema, brindar
y priorizar recursos para lograr ciertos objetivos. Si ambos planes coinciden en
afirmar que la situación del Poder Judicial es (muy) crítica, no se comprende
la razón por la cual no se propone decididamente el otorgamiento efectivo de
autonomía presupuestaria para este Poder del Estado. ¿Realmente se puede
combatir la precaria situación judicial sin conferir autonomía presupuestaria
genuina? ¿Es democrático y constitucional que el Poder Judicial no sea autónomo
en la determinación de su presupuesto? El ANJ es, qué duda cabe, un
planteamiento sumamente interesante, pero si su implementación no contempla
dicha autonomía de manera clara y concreta, sus bondades se reducen
drásticamente. Y no se diga que esta autonomía es un despropósito dado el
descrédito que afronta la judicatura ante la población. El Congreso se
encuentra en situación similar desde hace mucho, y es el artífice de su
presupuesto. Y si los planes de gobierno no confían en el Poder Judicial, ¿para
qué plantean coordinaciones con él?
Creo que no se puede
exigir un cambio drástico en el presupuesto para el sector justicia de un día
para otro, así que el aumento de recursos debe ser paulatino, y aquí es
interesante que se ponga énfasis en la especialidad constitucional y de
familia. Es más, considerando el interés superior del niño, creo que se puede
afinar esta propuesta, planteando que los primeros aumentos presupuestarios
deben estar destinados de forma exclusiva al fortalecimiento de la justicia
familiar.
Por otro lado, ¿por qué la
Comisión que determinará casos donde el Estado litiga innecesariamente debe
limitarse a asuntos pensionarios? ¿Por qué no puede abarcar toda clase de
asuntos? Creo que se debe apostar más por esta comisión, dado su -gran-
potencial para reducir la carga procesal y conseguir una adecuada tutela para
los derechos de quienes, teniendo la razón, se ven perjudicados en procesos
interminables contra el Estado.
Los planes de FP y PPK
también coinciden en reducir la carga procesal de la Corte Suprema. Y acá
quiero destacar la propuesta referida a “redefinir las funciones de la Corte
Suprema”. Creo que es innegable la necesidad de que nuestra Corte Suprema se
convierta en una Corte dedicada exclusivamente a la emisión de precedentes
vinculantes. Debe dejar ya de emitir decisiones sobre todos los casos que se
ventilan ante Salas Superiores, como si fuera una instancia más. Así como
debemos empezar a confiar en la Corte Suprema para que determine el presupuesto
de forma independiente, debemos empezar a confiar también en nuestras Cortes
Superiores para que-de verdad- decidan los casos en última instancia. Es usual
que los procesos duren años sólo a nivel de Corte Suprema, situación-nociva-
que no puede continuar más. Por tanto, creo que el ANJ debe contemplar también
esta sustancial transformación de nuestra Corte Suprema. No basta con decir que
las funciones de la Corte Suprema deben “centrarse” en “orientar la
jurisprudencia” por medio de precedentes vinculantes. Hay que ser más
contundentes: la Corte Suprema se tiene que convertir en una Corte de
Precedentes Vinculantes, de modo semejante a lo que sucede en Estados Unidos.
Al respecto, ¿sabía usted que teniendo casi 320 millones de habitantes, la
Suprema Corte de este país emite un promedio de solo 100 decisiones al año? El
Perú, teniendo una población más de diez veces menor, tiene una instancia
suprema que emite miles de decisiones judiciales al año, con gran demora.
Junto a la confianza que
debe otorgarse a las instancias judiciales, debe reforzarse el sistema de
control judicial, por lo que resulta pertinente la propuesta que establece una
especialidad de control en la judicatura, de tal suerte que los ocupantes de puestos
de fiscalización y/o control judicial no sean temporales, sino permanentes,
ganando así independencia para la actividad de control judicial. Pero el
control interno está lejos de ser suficiente, debe también repotenciarse la
fiscalización externa. Acá podrían adaptarse los mecanismos de fiscalizadores
que existen en los países que poseen los poderes judiciales más independientes
a nivel mundial, como Nueva Zelanda, Finlandia y Hong Kong. Y el reforzamiento
de la fiscalización no puede olvidarse del irrestricto respeto a la
independencia jurisdiccional: de ninguna manera se puede cuestionar a un
magistrado por su criterio jurídico en un caso concreto, siempre que exista la
debida motivación.
Por último, es importante
que los planes de FP y PPK coincidan en proponer empoderar a la justicia de
paz. Este tipo de judicatura ha demostrado ser eficaz y tiene una reputación
superior a la que tiene la justicia ordinaria. Siendo así, existe plena
legitimación para apostar por ella, como un mecanismo que se encargue de la
solución de conflictos del más diverso tipo, coadyuvando de un modo decisivo a
la descarga procesal en las instancias judiciales de menor jerarquía. No
podemos entender que esta coincidencia en los planes de gobierno sea
casual.
Así las cosas, recordando
la pertinente idea de priorización, una vez que se obtengan los –se entiende
sustanciosos- aumentos presupuestarios para el sector justicia, podría
atenderse a las propuestas planteadas en el siguiente orden: i) justicia
familiar, ii) Corte Suprema, iii) Justicia de Paz, y iv) control y
fiscalización. El ANJ no podría dejar de contar con una lista detallada de
necesidades que deben atenderse en orden de prioridad. El que mucho abarca,
poco aprieta, así que las necesidades no deberían atenderse al mismo tiempo,
más todavía si dichos aumentos deben ser graduales.
